«El IMAS mintió, nos ninguneó»

Un juez acaba de reconocerle a Rafael Iniesta, tetrapléjico desde que hace más de dos décadas fue atropellado por un coche que se dio a la fuga, el derecho a percibir los 4.268 euros de la prestación económica de la Dependencia que no cobró durante los dos años en que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) mantuvo su solicitud guardada en un cajón, sin tramitarla. La paralización del expediente fue contraria a la normativa, según ha determinado en sentencia firme el magistrado Juan González, titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Murcia. Pero, además, supuso el incumplimiento de la promesa que Fernando Mateo, exdirector del IMAS, le hizo a la familia cuando ésta denunció por primera vez su situación, en marzo de 2013, a través de las páginas de ‘La Verdad’. Entonces, Mateo aseguró a este periódico que la prestación le llegaría a Rafael Iniesta en un mes. La espera, sin embargo, se alargó diez meses más.

«El IMAS mintió, nos ninguneó», lamenta ahora la familia con amargura. La sentencia les ha dado la razón, pero eso no ha hecho sino acrecentar si cabe la frustración que sienten por el comportamiento de la Comunidad. «Hemos vivido con mucha impotencia y con una sensación de desprotección todo esto. La Administración se negaba a cumplir con un derecho subjetivo, reconocido en la ley», cuentan los familiares de Rafa. «Qué necesidad había de llegar a esto?, ¿todo para intentar ahorrarse una ayuda que al final, con el copago, se ha quedado en 144 euros al mes?», protestan. Rafael Iniesta está reconocido como gran dependiente desde 2008. Estuvo cobrando la prestación económica hasta que en 2011 decidió solicitar una plaza en una residencia. El IMAS tardó un año en concedérsela, pero para entonces la situación del tetrapléjico y de su madre, la cuidadora, había cambiado.

La familia presentó un informe médico en el que se explicaba que Rafael sufría una depresión que desaconsejaba su traslado a la residencia y el abandono de su domicilio, en Sangonera La Verde. Pidieron, por ese motivo, quedarse con la prestación económica. Pero el IMAS consideró que la solicitud llegó tarde, cuando la ayuda ya había sido anulada, y que Rafael Iniesta debía ponerse a la cola, en lista de espera, para volver a recibirla. No solo eso, se le aplicó la paralización de dos años que sufrieron todas las prestaciones en virtud de una ley que el Gobierno central aprobó en 2012.

Los familiares recurrieron la decisión porque la petición de volver a la prestación económica se había presentado antes de la fecha prevista para el ingreso de Rafael en la residencia, y por tanto dentro del plazo legal estipulado para que las ayudas y servicios puedan ser cambiadas por otras. Cuando ‘La Verdad’ publicó el caso, en 2013, el entonces director del IMAS, Fernando Mateo, prometió resolver el asunto en un mes. Después se desdijo, y su departamento pasó a defender que el dependiente debía ponerse a la espera. La ayuda no le fue concedida hasta febrero de 2014. Ahora, y después

de una reclamación ante los tribunales que ha defendido el abogado José Román Morales, la justicia les ha dado la razón. Rafael Iniesta no debería haber tenido que esperar dos años. Tras solicitarse en 2012 la anulación de la plaza de residencia y la vuelta a la prestación económica, «lo procedente hubiera sido rehabilitar los efectos del programa individualizado de atención (PIA) [que incluía la ayuda monetaria], y no tramitar aquél como si se tratase de una solicitud de cambio de PIA», señala el juez. Por tanto, al no ser de aplicación la ley del Gobierno central que paralizó los expedientes, se condena al IMAS a pagar las mensualidades correspondientes a todo el tiempo que Iniesta permaneció injustamente a la espera.

El actual director del IMAS, Miguel Ángel Miralles, destaca que la sentencia ya ha sido ejecutada, y muestra su «respeto por las decisiones de la Justicia». Miralles reitera que se están «estudiando los posibles cambios en la normativa autonómica para favorecer a las personas dependientes y sus familias», y subraya que Murcia es la séptima región con más porcentaje de población dependiente atendida. Por su parte, el Colegio de Trabajo Social celebra la noticia, «si bien la sentencia se refiere a un caso particular. La paralización ha afectado a miles de personas, pero cada caso que no llegue a los juzgados es un ahorro para el IMAS». Los trabajadores sociales tienden su mano a la Consejería para corregir la situación.